dimarts, 3 de febrer de 2009

Em fa posar la pell de gallina

Volia comentar una notícia que ha sortit avui i que he llegit a la Vanguardia. Els abusos a menors que ens trobem en alguns centres de menors.
De bon matí, com cada dia, he acompanyat a la meva filla gran a l'escola i m'he aturat al bar a fer el primer cafè del dia. Una notícia ens alertava un cop més de la situació en què es troben molts menors desemparats davant de qui precisament els hauria de proporcionar empar. Els abusos a centres de menors ens ha d'amoïnar i fer reflexionar, però no només això sinó que ha de despertar les ganes de solucionar aquesta conducta d'abús institucional i que sigui d'un cop eradicada.
Exigir a les administracions que es porti un seguiment exhaustiu de tots els centres de menors i que les lleis ja existents es fessin complir. És un tema molt complex en el qual necessitaríem molt temps per a reflexionar-hi.
Conscienciar a totes les persones que presencien algun tipus d'abús que el fet de no denunciar-ho també és un delicte. A continuació he recollit la notícia que val a dir que em fa posar la pell de gallina, però també em fan posar la pell de gallina els comentaris a la mateixa que el públic pot fer lliurement en l’espai que La Vanguardia hi té destinat a aquest fi, només n’escolleixo un:
“Uno + 03/02/2009, 14:47 Barcelona Joer y encima que los estamos manteniendo su quejan?? Que los manden a su pais de origen asi nos ahorramos unos €, que falta nos hace." L'educació encara té un camí molt llarg a fer. Eva Fornós i Puigvert
La Vanguardia
El Gobierno pedirá a la fiscalía que investigue los presuntos malos tratos en los centros de menores
Valencia. (Agencias).- El Gobierno ha anunciado que va a poner en manos de la Fiscalía General del Estado una investigación sobre la situación de los centros de menores con trastornos de conducta, cuyo funcionamiento denuncia en un informe el Defensor del Pueblo, en el que asegura que se maltratan a los internos. "Voy a poner en conocimiento de la Fiscalía este informe para que actúe de la manera que considere conveniente porque estos hechos tienen que ser investigados y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", aseveró la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en una rueda de prensa en su departamento. Si bien las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de menores, la ministra señaló que "dada la importancia, el Ejecutivo no puede quedarse al margen". En este sentido, indicó que se pondrá en contacto con las administraciones autonómicas, para que respondan a este informe del Defensor del Pueblo y así su departamento tenga un conocimiento riguroso de lo que allí se está haciendo. Asimismo, Cabrera indicó que el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se va a poner en marcha "para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber ocurrido". Expediente a dos centros de la Comunidad ValencianaLa consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana abrirá un expediente a los centros de menores del Baix Maestrat de Castellón y l'Omet de Alicante por presunta vulneración de derechos. Además, el consejero de este departamento, Juan Cotino, comparecerá a petición propia en la Comisión de Política Social y Empleo de las Corts. Según informaron fuentes de la consejería, Cotino llamó esta mañana al Defensor del Pueblo para solicitarle el informe en el que se denuncian las presuntas irregularidades en centros de protección de menores en varias zonas de España, entre los que se encuentran los establecimientos de Alicante y Castellón. De este último, además, se detalla el caso concreto de los abusos que sufrió uno de los pequeños internos. Por ello, procederá a abrir un expediente para comprobar la situación de los centros de menores que, según el informe conocido ayer, vulneran los derechos de los pequeños, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, en algunos de los casos que se recogen en el documento. Tras la elaboración de las conclusiones de dicho expediente, Juan Cotino comparecerá a petición propia en las Corts para informar sobre el resultado y las medidas que se adoptarán en cada caso concreto. El Defensor del Pueblo denuncia vulneración de derechos en la mayoría de centros de menores Acusa a algunos de ellos de maniatar a los niños, prohibirles la asistencia a centros escolares o impedirles salir al patio durante una semana Los niños denuncian golpes y encierros de hasta 72 horas Un joven de 13 años falleció en diciembre pasado en extrañas circunstancias y otros dos intentaron suicidarse
Madrid. (EUROPA PRESS).- El Defensor del Pueblo destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras". El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas, suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración. A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. Múgica reprocha en su informe que la Generalitat, que tiene competencias plenas en la materia, no le haya facilitado los datos que solicitó sobre esas instituciones, una queja que el gobierno catalán ha negado. El centro Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo. Los chavales han denunciado la existencia de una "sala de tiempo fuera", de reducido tamaño, con las paredes cubiertas de goma negra y sin ventanas, donde llegan a permanecer en ocasiones hasta una hora. También han denunciado que el personal "juega a veces a hacer contenciones".Un menor cuenta que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes lo llevaron a su habitación y redujeron "a la fuerza", metiéndolo en un cuarto de castigo en el que "los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo". Otro menor ha afirmado que un empleado de seguridad le asestó "dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica", lo que le ocasionó una brecha con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal. "No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica", continúa la queja.En otra ocasión, , y otro protagonizó varios intentos de suicidio tragándose un lapicero y unas llaves. El caso más lamentable es el de un menor marroquí de 13 años que, el 2 de diciembre de 2008, falleció en circunstancias aún poco claras mientras estaba en el mismo alojamiento.En el centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya clausurado, se cerraban las puertas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno. Una menor sufrió un ataque de pánico y solicitó salir pero, al no ser escuchada y presa del terror, empezó a "cortarse los brazos con la cuchilla de un sacapuntas", siendo finalmente reducida "de forma contundente", retorciéndosele el brazo y pisándole el cuello y la cabeza contra el suelo.El Defensor del Pueblo alerta de que más de la mitad de las instituciones utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores. A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional. Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas. Así, se desprende que en la mitad de los centros visitados por la Institución se establece un número fijo de llamadas semanales y, en algún caso, éstas deben ser pagadas por el menor y no siempre se respeta su privacidad. Asimismo, pocas instituciones tienen un programa concreto dirigido a la intervención familiar por falta de medios. Si bien el éxito las intervenciones pedagógicas en los menores tiene que ver con la labor del personal especializado que trabaja en estas instituciones, la investigación revela que en muchos casos el personal se encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total y un salario no especialmente motivador. Esta situación conduce a la mayoría del personal pedir la baja temporal e incluso el cese voluntario. En cuanto a la vigilancia de estos centros, el Defensor del Pueblo denuncia que muy pocas administraciones competentes hacen un seguimiento frecuente de la situación en que se encuentran. Por este motivo, desde los centros se reclama una mayor proximidad, implicación y especialización de los técnicos de la entidad pública que se ocupan del seguimiento de cada menor. Asimismo, señala que la excesiva burocracia exigida por parte de las administraciones suele tener consecuencias negativas en los menores. Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", formuladas por padres alarmados ante las dificultades que para la convivencia suponen los graves problemas de inadaptación familiar y social de sus hijos, así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores. Para realizar una valoración lo más objetiva posible de la situación, la Institución presidida por Enrique Múgica seleccionó 27 centros entre los 58 actualmente existentes en España. Para ello, inspeccionó establecimientos en todas las comunidades autónomas que cuentan con recursos de esta naturaleza, procurando seleccionar los gestionados por diferentes entidades a fin de conocer los distintos tipos de intervención que se están desarrollando con los menores. De la investigación realizada por el Defensor del Pueblo se deduce que los resultados del sistema de protección que se viene desarrollando no siempre son satisfactorios para los educadores, y en muy pocos casos para los educandos, que manifiestan un elevado índice de insatisfacción, tanto durante su permanencia en estos recursos de acogida, como cuando, al cumplir 18 años, han de abandonar el centro aunque no hayan superado su programa de intervención terapéutica. Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. Asimismo, el Defensor del Pueblo aconseja establecer indicadores que permitan evaluar la efectividad de los distintos programas de intervención puestos en práctica para que la Administración asuma elliderazgo que le corresponde como responsable de los menores; prestar especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto; y establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta.

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